viernes, 7 de noviembre de 2008

Sobre salud sexual y reproductiva.

Expresiones del Diputado Rubén Martínez Huelmo en el tratamiento del Proyecto de Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, Cámara de Representantes, 4 de noviembre de 2008.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: a esta altura de la noche es poco lo que hay para decir. Sin embargo, queremos hacer algunas reflexiones y dejar alguna constancia sobre un tema que creemos importante.


Lo primero que vamos a decir es que en las últimas horas, antes de comenzar esta sesión, existió sobre la Cámara una evidente presión de los grupos en pugna respecto a este asunto. Creo que cierta presión es de recibo, en virtud de que parte y se emite desde el sentir profundo de personas que son nuestros compatriotas. Pero también se ha intentado ejercer una presión indebida sobre el Parlamento. La relación jerárquica con un Jefe de Estado que no es nuestro Presidente de la República, de Monseñor Cotugno, me hace pensar que puede ameritar una investigación que esclarezca sus dichos y el alcance de ellos en el marco de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y el Vaticano. Pero eso lo habremos de examinar detenidamente me comprometo a ello en la Comisión de Asuntos Internacionales. Inclusive, consultaremos formalmente al Canciller de la República, no para escandalizarnos sobre lo que Monseñor Cotugno cree que es su derecho defender su fe , sino para que un marco de relaciones formales sea respetado.

Hecha esta puntualización, he de expresar algunas reflexiones que me llevan a votar afirmativamente este proyecto de ley.

Recuerdo que en los años 1993 y 1994 concurrí, aunque no era uno de sus miembros, a la Comisión de Bioética que funcionaba en esta Cámara a raíz de un proyecto sobre estos tópicos. Fue una Comisión que funcionó hasta el año 1994 y no arrojó nada positivo.

Es decir que, como expresaba hoy un señor legislador, este es un tema recurrente; pasan los lustros, las décadas y sigue agitando y crispando las aguas del mundo parlamentario.

Estas reflexiones son un reconocimiento de la realidad que, humildemente, aspiraría a mejorar y a la que no puedo salvar con ningún artilugio dialéctico. Y vaya si he escuchado algunos, dicho esto en el mejor sentido y con la mejor buena fe. Además, es legítimo que pueda ser así porque es conocido que la ley vigente y el statu quo que de ella emerge, y que funciona hace más de setenta años, penaliza la práctica abortiva; sin embargo, la vigencia de la ley no ha impedido reiteramos que las mujeres, cuando lo entiendan necesario, continúen llevando a cabo esta práctica. Esto es irrefutable y nadie ha dicho aquí, porque creo que también hay una imposibilidad de expresarlo, cuál sería el antídoto.

Yo escuchaba esta mañana a un señor legislador hablar sobre proyectos y sobre ideas acerca de cómo prevenir el aborto y concretamente es poco o nada lo que se puede hacer al respecto. Quiere decir que aunque no se ha aprobado el proyecto que estamos tratando, tenemos ya una realidad generalizada poco promisoria sobre el asunto, una realidad que no podemos imputar al proyecto que está a consideración de la Cámara. Resumamos: está penalizado el aborto, tenemos un Estado que estaría en omisión dado que no puede hacer cumplir la ley, tenemos entre 15.000 y 33.000 abortos según la fuente practicados fuera de todo control sanitario y psicológico de la autoridad respectiva, y se nos quiere hacer creer que tratar de paliar esta situación por medio de este proyecto o de cualquier otro instituto es estar contra la vida. Nosotros no lo creemos, señor Presidente, y por eso mismo vamos a votar afirmativamente.

Sin embargo, no vamos a arrogarnos, ni por un instante siquiera, que detrás del proyecto que estamos tratando esté la solución absoluta a este problema. No; tan solo creo que esta iniciativa persigue mejorar el actual statu quo que, la verdad, es menos que lamentable. Sobre ello, sobre la realidad actual, también he escuchado poco. Por lo tanto, hagámonos cargo de esta realidad previa, de la de ayer y de la de hoy. Insisto en que por la vía de la más absoluta omisión nuestro país no ha podido hacer cumplir la ley y mientras tanto el tema es tierra de nadie. Me niego a creer que esta situación no pueda ser mejorada y es por eso que a la hora de decidir un rumbo, la línea del proyecto me resulta interesante, quizás perfectible, como todo, pero mucho más que seguir en lo que estamos al día de hoy, al presente.

En el Ministerio del Interior y hablo de la institución y no de sus eventuales titulares , Inteligencia Policial tiene dificultades históricas para conocer dónde están las clínicas clandestinas. Sin embargo anualmente, entre 15.000 y 33.000 mujeres uruguayas saben dónde encontrarlas para realizarse un aborto. Yo no sé si estos números son los justos, pero son los que nos proporcionan los grupos que trabajan sobre el tema. Admito que la oscilación es enorme, pero también debemos admitir que ambas cifras inclusive la menor son muy altas y por lo tanto dan la tónica de lo mayúsculo del problema; es tan importante como para que podamos expresar, pues se cae de maduro, que entre los sinceros defensores de la no despenalización y de la criminalización de la mujer, en la nebulosa militante que inunda nuestros correos electrónicos, podríamos sospechar que hay agentes de la industria y el comercio del aborto que mueven por año según los cálculos que he recibido casi US$ 10:000.000.

Esto sucede en nuestro Uruguay. Y todo esto sucede sin que hayamos votado siquiera la despenalización. Nos hemos olvidado de decir, ya a muchísimas horas de debate, que este es un gran negocio para alguien, un negocio de millones de dólares; de eso también hemos evitado hablar durante toda la sesión. ¿Y qué pasa con el Estado? Admito que aquí el Estado "mutis por el foro" y que en este ámbito muchos colegas hayan hecho una tibia defensa, "que en tal lugar", "que en tal hospital"... La verdad, señor Presidente, es que han pasado setenta y un años de la aplicación de esta ley y diría que las cifras coliden absolutamente con ese otro artilugio verbal que se ha querido llevar adelante, vinculando determinados convenios internacionales que Uruguay ha ratificado, como impedimento para despenalizar el aborto.

Señor Presidente: es obvio que el Estado no está interesado ni siquiera en controlar este asunto. Quiero decir que no es un invento. En 2006 realicé tres pedidos de informes: uno a la Suprema Corte de Justicia, otro al Ministerio de Salud Pública y otro al Ministerio del Interior. Dada la altura de la noche en la que nos encontramos, voy a obviar la lectura y el análisis de las estadísticas que recibí de la Suprema Corte de Justicia y de los Ministerios de Salud Pública y del Interior. Causan risa. El Estado no controla nada, deja que pasen las cosas. Y las cifras que encontré alli son las conocidas.

Todo esto que estoy señalando sucede sin que hayamos aprobado siquiera este proyecto de ley. No es culpa de esta iniciativa todo lo que estoy señalando.

Suceda lo que suceda, señor Presidente de todas maneras no sé cuál será la suerte de este proyecto , bienvenida esta polémica pues es un modo de remover una situación que no nos puede enorgullecer bajo ningún concepto, como Parlamento ni como sociedad. En lo personal aspiro a otro tipo de alternativa que en un marco general será con este proyecto de ley o con otros dispositivos se pueda desarrollar a través de algún instituto que plantee medidas sanitarias y ayude a paliar situaciones complejas como las que seguramente deben ser aquellas que implican a una mujer decidida a pasar por ese duro trance.

Por acá la voy dejando, señor Presidente. Quiero decir que me siento totalmente representado por el informe de mi colega Diputado Vega Llanes y muy especialmente por el del señor Diputado Gallo Imperiale. Por supuesto que aplaudo, por lo categórico, el informe de la señora Diputada Charlone. También comparto lo que se ha dicho aquí en Sala desde temprano en cuanto a que quizás sobre este tema lo que deberá abrirse son los caminos que marca la Constitución de la República en torno a una consulta popular y al ejercicio de la democracia directa, es decir, de un plebiscito, porque yo creo que en este tema, más que en ningún otro, lo que a todos concierne por todos deberá ser deliberado.

Gracias, señor Presidente.


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