El viraje. Cambio de eje en las políticas de seguridad.

Entrevista al Sr. Ministro del Interior Eduardo Bonomi.
Revista Políticas; Secretaría de Comunicación de Presidencia de la república. Noviembre 2011, Año I, número 2, pp. 25 a 28.

El Ministerio del Interior prepara una nueva estrategia para el combate al delito que incluye un cambio clave, el viraje de una postura represiva hacia el trabajo por la recomposición del tejido social, la prevención y la transformación a fondo de la Policía.

“Lo contrario a la inseguridad no es la represión sino la reconstrucción del tejido social”, comenzó diciendo a Políticas el ministro Bonomi. Como tampoco se trata de caer en el “angelismo” y desconocer “realidades” como “la inseguridad que siente la población”, esa postura, afirma el titular de la cartera de Interior, debe ser acompañada por un refuerzo de la capacidad operativa de la Policía, en personal y equipamiento, y de una reestructuración de esa fuerza para darle mayor
eficacia.

La relatividad de los números.

Es cierto que el total de delitos conoce un incremento sistemático pero no es de ahora, el proceso remonta a por lo menos un cuarto de siglo atrás. “Quienes ejercieron
el gobierno hasta 2005 suelen comparar los números de la delincuencia con la situación previa a ese ano, pero hay que ver la película, no la fotografía. El delito no para de crecer desde 1990. Cuando termino el gobierno de Luis Lacalle, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo ya alertaba que si las políticas sociales que se estaban aplicando hasta entonces proseguían, la delincuencia aumentaría”.

Las políticas sociales se mantuvieron y los delitos se incrementaron. Y la escalada siguió en los años posteriores, con un pico notorio tras la crisis de 2002, cuando se desplomaron los salarios y treparon el desempleo, la marginación y la pobreza. “No vale que hoy nos critiquen aquellos que participaron en gobiernos que establecieron políticas de desestructuración social”, dice el ministro.

Sin embargo, Bonomi también admite que no basta con que el país crezca como nunca, aumente el salario real, se alcance un nivel de ocupación pocas veces visto, se reconfigure el sistema de protección social y caigan los índices de pobreza e indigencia para que la delincuencia disminuya.

“En estos últimos años no solo no bajaron los delitos sino que siguieron creciendo”, señala. Hay niveles de delincuencia que no se absorben con la aplicación del paradigma puro de las políticas sociales, como mucho menos se absorben con el de la represión, piensa el ministro.

Quien analiza de manera binaria, sostiene Bonomi, “se come que las cosas no van en compartimentos estancos sino que hay un proceso. El primer paradigma fue el de la represión, y ese sí que fracaso. En todos lados. Tampoco funciona únicamente el paradigma de lo social puro. Nosotros queremos hacer la síntesis”.

El ojo izquierdo.

A un gobierno de izquierda, sobre todo a un Ministerio del Interior de un gobierno de izquierda, “se lo mide con otra vara, tanto desde la derecha como desde la izquierda”, dice Bonomi. Y opina que la izquierda nacional suele ser más indulgente con el uso de la represión de parte de “gobiernos amigos” de “afuera”, sobre todo de la región, que con el propio. Dice: “si un gobierno de otro país utiliza la palabra ‘socialismo’, el solo hecho de que la use le da credenciales de socialista a ojos de la izquierda uruguaya.

Si acá uno usa esa palabra, le dicen; ‘habla de socialismo, pero las medidas que lleva adelante no son socialistas’. En cuanto a las políticas de seguridad, entre las más fuertes que existieron estuvieron las de los países socialistas. La Rusia soviética era implacable. Lo mismo sucede ahora en China, Vietnam o en nuestra Cuba. Delinquir, para ellos, es terrible porque lo ven como una actitud individual que perjudica al colectivo, al proyecto político, lo que justifica un endurecimiento de las penas.

Cuando aquí se reprime, desde sectores de la izquierda uruguaya se nos grita: ‘¡Cómo van a reprimir así!’”. Y agrega: “por supuesto que un gobierno de izquierda no puede reprimir a las organizaciones que buscan un proyecto diferente, a grupos sociales que están en el libre ejercicio de sus derechos, pero si tiene que reprimir al que se dedica robar obreros, estudiantes, jubilados. Otra cosa es como lo hace y como trata de integrar a los delincuentes a la sociedad, que es otro capítulo, el de cárceles. Pero tiene que reprimir, porque si no va a ser cuestionado por sus propios votantes”.

Policía en reformas.

La reestructura de la Policía es una de los pilares centrales de la política del Ministerio del Interior, insiste Bonomi. En realidad esa reestructura ya se viene dando, pero desde 2012 comenzara a precisarse. Ese ano se incorporaran a la Policía unos 1.400 agentes “ejecutivos”, se le sumaran también ex integrantes de la Dirección de Inteligencia, se incorporaran 1.600 agentes al nuevo sistema penitenciario y se procederá a una reorganización de la fuerza en el Área Metropolitana.

En Montevideo, específicamente, se crearan cuatro subdivisiones geográficas dependientes de la Jefatura, cada una de ellas dotada de una “pequeña jefatura”, con sus correspondientes oficinas de crimen especializado e investigaciones. “El capítulo de la reorganización de la fuerza es importante”, porque se inscribe “en un esquema que involucra en mucho mayor grado a la Policía en la vida social y comunitaria” y de territorializaciòn del accionar de la fuerza. Este, dice Bonomi, es un cambio mucho mayor que lo que podría pensarse en primera instancia.

El próximo ano las comisarias empezaran a funcionar con una novedosa forma de gestión. Básicamente informaran y atenderán al ciudadano y mantendrán el orden público. Su función será sobre todo preventiva. Es decir, organizaran sus recursos para trabajar hasta el momento en el que se comete un delito. Una vez que este se produjo, la investigación pertenecerá a los cuadros especializados de la zona.

La comunidad en el centro.

Pero donde estriba la mayor novedad es que las comisarias serán sede de la Policía comunitaria. “A la hora de hablar de la mejora en la prevención del delito, la Policía Comunitaria es un actor fundamental”, señala. Existen experiencias de este tipo en muchos países, pero el ministro apunta que no hay que buscar en el exterior lo que alguna vez se tuvo adentro: el mejor ejemplo de policía comunitaria es el viejo guardia civil que Uruguay ya conoció, ese policía que está en el barrio, lo recorre, conoce a los vecinos, sabe cuál es el ritmo normal de la comunidad y coopera con ella, dice.

El policía comunitario será el encargado de hacer de enlace con otra de las patas del “nuevo esquema” del ministerio: las Mesas Locales de Convivencia. Surgidas como iniciativa del anterior gobierno frenteamplista, las Mesas son el escenario en el que se encuentran los diversos protagonistas de la comunidad. Hay allí representantes, además de la Policía Comunitaria, de los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Cultura y Salud Publica, los gobiernos departamentales o locales, los comerciantes y las organizaciones sociales. Las Mesas, explica Bonomi, sirven para planificar la preservación de la seguridad a escala de un barrio desde un punto de vista integral, preocupándose por temas como la recuperación de espacios públicos, la iluminación, los servicios. El 5 de noviembre, las 40 Mesas de Convivencia del Área Metropolitana (25 de Montevideo, 15 de Canelones) celebraron su primer encuentro en el Parque Rivera capitalino.

El concepto teórico de esta construcción “comunitaria” de la seguridad fue expuesto recientemente en Montevideo por Jorge Melguizo, secretario de Cultura Ciudadana
de la alcaldía de Medellín. La ciudad colombiana fue hasta hace muy poco una de las más violentas del mundo, pero desde que implemento una política de seguridad ciudadana enfocada en mejorar la convivencia, más que en la represión, las cosas cambiaron. El 13 de setiembre pasado Melguizo se lo hizo ver a directores nacionales, jefes y subjefes de policía uruguayos reunidos en Montevideo. “Dijo que si no se podía resolver el problema había que cambiar el problema”, recordó Bonomi. “El problema era que antes ellos pensaban que a la inseguridad se le oponía la represión. Cambiaron, y vieron que si la convivencia funciona, mejora la seguridad. No dejaron de lado los aspectos represivos, pero a las plazas públicas, ganadas
hasta entonces por la delincuencia, en vez de llevar mas policías llevaron juegos para niños, pistas de baile, de skate, organizaron campeonatos deportivos y, en la medida que la población ocupo las plazas, fue desplazando a la delincuencia. Este es el esquema.”

Lentitud y urgencias.

El Estado establece un montón de controles necesarios, pero a veces son excesivos, y muy lentos para los ritmos necesarios para cambiar las cosas. Hacer frente a esos engorros es todo un desafío, piensa Bonomi. El Ministerio del Interior está tratando de poner el pie en el acelerador sobre todo en dos frentes: la construcción de nuevas y mejores cárceles y el ingreso de personal.

“Con la incorporación de soldados al ministerio teníamos que coordinar dos visiones, la nuestra y la de Defensa, darles garantías a quienes decidan venir para que puedan volver si su llegada a la Policía, por algún motivo, queda trunca, y armonizar maneras de actuar para contar con una fuerza más profesional y mejor organizada, y eso lleva mucho tiempo”.

En cuanto a la construcción de nuevas cárceles, “se realizaron reuniones con 15 empresas para llevar a cabo los trabajos, acordamos detalles de las licitaciones con la Corporación Nacional para el Desarrollo, recogimos asesoramiento jurídico, analizamos experiencias de otros países, pero la ley de asociación público-privada, que permitirá que se concreten las obras, recién fue aprobada hace un par de meses y debe aún ser reglamentada”. La cárcel de Rocha, aquella en la que murieron 12 reclusos en condiciones aun no esclarecidas cuando se incendio, es la primera de la fila para ser reconstruida, en 2012. Seguirán las de Soriano y Lavalleja.

Y existe una lentitud derivada de las resistencias burocráticas a los cambios. “Muchas veces las autoridades dan órdenes para que se realicen determinadas tareas que por el medio o por abajo son boicoteadas. Pasa en las cárceles, y pasa también en las estructuras administrativas del ministerio. Estamos en el proceso de transición, no solo en lo que tiene que ver con la implementación de nuevas políticas, sino en el montaje de equipos que realmente hagan respetar esas políticas”.

Las cárceles en el circuito de la inseguridad.

Bonomi sostiene que las cárceles, en su estado edilicio actual, de hacinamiento y vetustez, y por las condiciones en que malviven los presos, “forman parte del circuito de la inseguridad, no del de la seguridad. No nos damos cuenta que el preso va a salir un día en libertad y que allí se va a cruzar con nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos. Lo que haga en ese momento tendrá mucho que ver con lo que se hizo con el mientras estuvo preso”. Y de lo que se hizo con el no existe demasiada cosa para sentirse orgulloso.

“En las prisiones uruguayas esta junta gente que cayó por accidentes de tránsito con otra detenida por rapiñas o por homicidio. Todos mezclados, y cuando esta todo mezclado quien manda en la cárcel es el que está más desarrollado en el mundo del delito, anulando cualquier intención individual de rehabilitación que pueda tener otro preso. Tenemos entonces que romper algunos paradigmas. Muy viejos, que remontan a 25 anos atrás, para no hablar de la época de la dictadura, en que todo era mucho peor”.

El primer paradigma a quebrar es el relacionado con la custodia del recluso. En el sistema actual el policía que atrapa a un delincuente lo va a tratar en prisión tal como lo trato en la calle: lo va a correr por los pasillos, no va a desarrollar políticas de rehabilitación, quienes lo custodian van a mirarlo como el enemigo.

El Ministerio del Interior aspira a retirar lo antes posible las cárceles de su órbita, para organizarlas como un servicio descentralizado y dotarlas de personal adecuado para tratar con los internos. “Los guardia-cárceles serán sustituidos progresivamente por operadores penitenciarios civiles, mientras el Instituto Nacional de Rehabilitación se irá haciendo cargo de la gestión de las 25 cárceles del país”.

Otro de los paradigmas a quebrar es el instrumental. La legislación existente es inadecuada, dice Bonomi. Y da cuenta de los esfuerzos realizadas por el Ministerio para generar nuevos instrumentos. “Este ano presentamos cinco proyectos para construir un nuevo edificio en este plano: la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la transformación de la Guardia Republicana, la reforma de la división Inteligencia, una ley para la rehabilitación de los presos a través del trabajo, modificaciones al código procesal penal. Y tenemos pronta una ley sobre tráfico de armas”.

Recuperación por el trabajo.

La recuperación de los presos por el trabajo es una de las apuestas centrales del Ministerio del Interior.

Ya hay varias micro experiencias en marcha, como los convenios realizados el verano pasado con el Sistema Nacional de Emergencias, que permitieron a alrededor de un centenar de detenidos de buena conducta (muchos de ellos mujeres) trabajar en la limpieza y desmalezamiento de aéreas forestadas de la zona costera (Canelones, Maldonado, Rocha) para la prevención de incendios, a cambio de una remuneración. La experiencia se replicara el próximo verano y será extendida a otros organismos del Estado, como OSE o AFE.

Por otro lado, los primeros bloques destinados a las viviendas del Plan Juntos han salido del COMCAR y se ha puesto en marcha un acuerdo con la Cámara de la Construcción y el sindicato del sector, el sunca, para implementar cursos de capacitación de medio oficial albañil y generar posibilidades de que quienes participen se desempeñen en obra, percibiendo una remuneración similar a la de cualquier ciudadano en libertad. Otros acuerdos están en las gateras pero esperan un compromiso más acentuado del sector privado para concretarse, remarca Bonomi.

En la misma línea inclusiva se enmarca el proyecto llamado Doble Solidaridad, por el que algunos presos pueden acceder a empleo comunitario por tres meses. Y esta el sistema de chacras, el tipo de proyectos que según Bonomi mas contribuyen a la rehabilitación.

El ministerio acordó a mediados de este ano con la Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Humano -dependiente del Rotary Club, que aporto unos 300 mil dólares con este propósito- el desarrollo de una experiencia de rehabilitación y reinserción social de 20 reclusos que ya comenzó a implementarse en el centro 2 del Penal de Libertad. El proyecto consiste en la producción de alimentos al aire libre, bajo invernáculo y por hidroponía. La producción se industrializara en la cárcel de mujeres, otra parte quedara en el centro numero 2 y el 70 por ciento lo adquirirá Interior para reinvertir lo generado en el proyecto. Los reclusos también serán asesorados para que a su liberación puedan formar cooperativas de producción.

En virtud de otro acuerdo se creó una colonia en El Espinillar, Salto, destinada a 22 reclusos y sus respectivas familias, para que trabajen junto a residentes del lugar, bajo coordinación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en un predio cedido en comodato por el Instituto de Colonización.

Si los reclusos salen bien clasificados de esta experiencia podrán aspirar a colonos.

Proyectos del mismo tipo se están llevando a cabo y se proyectan en otras cárceles, como Lavalleja, Soriano o Rocha.

En varios de ellos tiene participación central el Patronato del Encarcelado y el Liberado, que ha sido a su vez repotenciado. “Ahora contamos con un Patronato mucho más activo, que ha creado más de 200 puestos de trabajo fuera de las cárceles y administra las pagas a los reclusos en prisión (el pago ya no pasa por la administración de cada establecimiento). En la cárcel de Piedra de los Indios, por ejemplo, todos los presos trabajan bajo supervisión del Patronato, y se les ha aumentado el peculio, de 800 a 3.000 pesos mensuales.

El Patronato se encarga también de que si los presos son trasladados a otro centro de detención conserven su paga, que muchas veces es fundamental para sus respectivas familias”, subraya Bonomi.

Beneficios, selección.

El ministerio tiene en elaboración un proyecto de ley, coordinado con la cartera de Trabajo y el Banco de Previsión Social, para que los presos que trabajen, además de su remuneración, puedan recibir beneficios jubilatorios.

Para acceder a todas estas oportunidades de trabajo, los presos son seleccionados por el Instituto Nacional de Criminología.

En el sistema que el Ministerio planifica, “más flexible, personalizado, basado en la progresividad”, cuenta Bonomi, “todos los reclusos tienen que estar clasificados. Cuando sean procesados deben ir hasta por 15 días a un centro de diagnóstico integrado por médicos, sicólogos y asistentes sociales, que determinará su futuro derrotero. Esa junta tendrá en cuenta su comportamiento, su contracción al trabajo, el relacionamiento con su familia y con los otros presos, y decidirá si se lo internara en un área de baja, media o alta seguridad”.

Se busca reformar a fondo uno de los mayores reproductores de inseguridad y violencia del país: el sistema carcelario. “Y la única forma de rehabilitar en serio a las personas privadas de libertad y devolverlas a la sociedad de otra manera es terminar con el ocio en las cárceles y empezar una experiencia prolongada de trabajo, estudio y deporte. El diagnostico no es nuevo ni mucho menos, pero aunque parezca mentira nunca tuvo una traducción en los hechos”, concluye Bonomi.

Nuevo equipamiento.

La modernización de la flota de vehículos de la Policía será realidad antes de fin de año. Se compraron 210 patrulleros que comenzaron a llegar en octubre, así como equipos de video-vigilancia y comunicaciones, 250 motocicletas y 60 camionetas, mientras otras 500 motos llegarán en donación.

También se compraron tres blindados GAZ Tigre, uno de los cuales, armado en Brasil, ya está en poder de la Policía, y los otros dos arribarán en las próximas semanas desde Rusia. Estos blindados serán los únicos vehículos que no se utilizarán
para el patrullaje, sino para operativos de combate al delito de gran especialización,
sobre todo el narcotráfico.

El sistema de comunicación por radio de la policía va a ser renovado por completo a partir de este mes de noviembre. Tenía 50 años, y era tan vetusto que “cualquiera con un walkie-talkie que incluyera las bandas utilizadas por la Policía podía escuchar los mensajes entre los agentes de la fuerza. Era habitual que lo hicieran los periodistas de ‘policiales’ pero también, por supuesto, los delincuentes mejor equipados. Y se hacía terriblemente ineficaz la operativa, por ejemplo, del 911.

Lo indignante es que los mismos que hoy dicen que se debe mejorar la seguridad son los que mantuvieron en este estado a la Policía desde
los años sesenta”, señala Bonomi.


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